Los nuevos impuestos que podrían llegar a Colombia si se decreta la emergencia económica

El pasado 9 de diciembre, la reforma tributaria que pretendía recoger 16,3 billones de pesos para dar vía libre al Presupuesto General de la Nación, se hundió en el Congreso de la República y, desde entonces, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, han hablado de la posibilidad de decretar emergencia económica.

Bajo ese ideal, el pasado viernes 19 de diciembre se dio a conocer el borrador del decreto que plantearía el Gobierno del Cambio, un paquete de medidas tributarias que tendrían un impacto directo en los movimientos financieros y el consumo de productos como licores, vinos y cigarrillos.

Dichos impuestos empezarían a regir desde 2026 y el más polémico, por supuesto, es la propuesta de pasar de 4x1.000 al 5x1.000, medida que tendría un impacto directo en los colombianos que realicen transacciones bancarias.

¿Qué opinan los diferentes sectores de la medida?

Aunque la crisis fiscal del país es catalogada como “grave” por expertos, pues el déficit del año cerraría en un 6,2 % del PIB, muchos aseguran que el decreto no es una salvación ni una medida inteligente para obtener los recursos requeridos para el próximo año.

Uno de los primeros en cuestionar la medida fue Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, quien no sólo criticó el paquete de medidas, sino que solicitó a la Corte Constitucional la revisión y la suspensión inmediata “en caso de sea decretada”.

“No existe una situación o hecho sobreviniente que habilite al Gobierno para decretar tal medida excepcional (…) Tampoco hay una perturbación grave e inminente del orden económico”, aseguró el dirigente gremial.

Otro pronunciamiento en contra de la decisión lo dio María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia, quien afirmó que “el problema fiscal es grave, pero estructural y previsible, no ‘sobreviniente y excepcional’. Se originó en decisiones de gasto y deuda, lo que se corrige con política fiscal, no con poderes extraordinarios. Que el Gobierno pierda una ley de financiamiento no es un hecho extraordinario, es democracia”.

También, Luis Fernando Mejía, director saliente de Fedesarrollo, explicó que los 16,3 billones incluidos en la reforma equivalen a menos del 3 % del presupuesto del próximo año por lo que, según dijo, no es válido plantear que generen un efecto crítico en las finanzas.

“No se puede afirmar que un impacto de esta escala ponga en riesgo de forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, como lo establece la Constitución”, enfatizó Mejía.

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