ECONOMÍA

Los motivos por los que Petro podría decretar emergencia económica en Colombia y cómo afectaría a los ciudadanos

El Ejecutivo analiza medidas excepcionales luego de que la caída de la reforma tributaria, que dejó en riesgo programas sociales para 2026.

Luisa Gonzalez
Comunicadora social y periodista con 10 años de experiencia en medios de comunicación. Comentarista de diferentes disciplinas, amante de los deportes y enfocada en el deporte practicado por mujeres. Fanática del deporte olímpico y paralímpico.
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La semana comenzó con el hundimiento en el Congreso de la reforma tributaria o Ley de financiamiento, clave para dar vía libre al Presupuesto General de la Nación de 2026. La decisión legislativa dejó un hueco fiscal de 16,3 billones de pesos (que se pretendían recoger con la reforma), según estimaciones del Ministerio de Hacienda, lo que pone en riesgo parte del gasto proyectado para el próximo año.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Ejecutivo estudia mecanismos extraordinarios para atender este desbalance. “Han generado una situación de dificultades para la implementación de varios proyectos sociales, razón por la cual el Gobierno va a analizar cuidadosamente las decisiones que sean necesarias y que deba tomar para asegurar el cumplimiento de las metas sociales que se ha planteado el Gobierno en su plan de desarrollo. ¿Se podría plantear una emergencia económica? El Gobierno va a analizar todas las medidas que sean necesarias”, aseguró el jefe de cartera.

Es por eso que la figura de emergencia económica suena dentro del gabinete del presidente Gustavo Petro. Esto consiste en que el Gobierno podría expedir decretos con fuerza de ley sin pasar por el trámite ordinario en el Congreso, siempre y cuando se demuestre una grave afectación en la estabilidad económica del país.

“El tipo de mentira que un dirigente gremial serio haría”

Mientras el Gobierno sostiene que la emergencia sería un recurso para proteger el bienestar social y garantizar el funcionamiento institucional, voces opositoras advierten que no existe una “crisis manifiesta” que justifique este mecanismo.

Es el caso de Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, quien declaró que “Colombia no tiene condiciones para decretar una emergencia económica”, a lo que el presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de X.

Citando el trino del ejectuvio gremial, el jefe de Estado manifestó que “el presupuesto aumenta, en primer lugar, porque aumenta la deuda interna aumentada por la tasa de interés real que impone el Banco de la República”.

Ade,ás, añadió que otra razón se basa en “el aumento del gasto, que es fundamentalmente el pago de setenta billones al FEPEC, o subsidio a la gasolina, que se impuso desde el déficit de gasolina de (Iván) Duque”.

Sin embargo, también aseguró que “sólo un crecimiento de la tributación podía disminuir la tasa riesgo que se aplica a la deuda tanto interna como externa, que quise recayera sobre los más ricos de la sociedad, pero es precisamente lo que Bruce ayudó a impedir”.

Lo que está detrás de la posible emergencia

El rechazo de la reforma tributaria se sumó a la advertencia de varios centros económicos que manifestaron que el déficit podría superar el 6 % del PIB, con rezagos en la ejecución presupuestal y un menor recaudo al esperado.

Por otro lado, el Gobierno enfrenta mayores costos de endeudamiento, lo que presiona las cuentas públicas en un momento en el que el margen de maniobra política es limitado.

Una eventual emergencia económica tendría efectos directos sobre la población. Entre las medidas que podrían implementarse están:

  • Ajustes en el gasto del Estado, lo que podría traducirse en recortes a inversión pública, programas sociales o proyectos de infraestructura.
  • Cambios o incrementos temporales en impuestos, que afectarían el costo de vida y el consumo de los hogares.
  • Impacto en la confianza de inversionistas y empresas, lo que generaría mayor incertidumbre y afectar el empleo y el acceso al crédito.
  • Modificaciones rápidas en normativas económicas, sin debate legislativo previo, lo que ha sido cuestionado por sectores políticos.

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