Los motivos por los que el beneficio 4X1.000 no ha entrado en vigor a pesar de aprobarse hace 4 meses

Hace cuatro meses, el Gobierno Nacional aprobó la exención del 4x1.000 para cuentas de ahorro en Colombia, una medida que prometía aliviar el bolsillo de millones de usuarios, siempre y cuando sus movimientos de dinero no superaran los 17,4 millones de pesos colombianos.

Sin embargo, a pesar del anuncio oficial, su implementación sigue estancada debido a múltiples obstáculos operativos y tecnológicos dentro del sistema financiero, identificados por analistas y quienes manejan las riendas de las entidades bancarias.

Falta de preparación tecnológica

Uno de los principales motivos del retraso es la falta de preparación de varias entidades financieras. Aunque bancos como el Popular y el Grupo Aval aseguran estar listos, no todas las instituciones han adaptado sus sistemas.

María Fernanda Suárez, presidente del Banco Popular, afirmó en una entrevista concedida en marzo de 2025 al diario La República que “esto sólo funciona en el momento que todos los actores estén preparados”, dejando claro que la falta de sincronización entre entidades frena el proceso.

Según Alejandro Useche, profesor de la Universidad del Rosario, persiste una debilidad tecnológica: las entidades aún no comparten un sistema de información unificado que permita consolidar los datos de las cuentas exentas. “A la fecha no ha sido posible consolidar esta información porque no hay cobertura total de los datos”, explicó.

Este retraso tiene consecuencias serias, tales como el desincentivo al uso del sistema financiero, aumenta el uso de dinero en efectivo, afecta a los microempresarios y, sin duda, tiene un impacto negativo: el aumento de la informalidad.

¿Cómo nació el 4x1000 en Colombia?

El 4x1000 en Colombia nació como una medida temporal de emergencia económica en 1998, durante una fuerte crisis financiera que afectó gravemente al país. Inicialmente, el impuesto se creó bajo el nombre de 2x1000, es decir, un cobro del 0,2 % sobre los retiros de dinero de cuentas bancarias y otras transacciones financieras.

Su origen se dio en el marco del estado de emergencia económica decretado por el entonces presidente Andrés Pastrana, como una herramienta para fortalecer las finanzas públicas, rescatar bancos en problemas y cubrir los gastos derivados del salvamento financiero del llamado “corralito bancario” colombiano.

Aunque el impuesto estaba diseñado como una medida temporal, con una duración prevista de solo un año, en 2000 se amplió al 3x1000 y en 2003 se elevó finalmente al 4x1000 (0,4 %). Desde entonces, ha sido prorrogado sucesivamente y hoy es considerado uno de los impuestos indirectos más importantes en términos de recaudo para el Estado, a pesar de las múltiples críticas que recibe por su impacto negativo sobre la bancarización y el ahorro.

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