Los motivos por los que dos senadores de Cambio Radical fueron sancionados: no podrán votar en la elección de magistrado

El partido Cambio Radical tomó una drástica decisión contra dos de sus integrantes: Temístocles Ortega y Ana María Castañeda fueron sancionados con un año sin voz ni voto en el Congreso, tras desobedecer las directrices de bancada.

La medida, adoptada por el Consejo de Control Ético del partido, los deja por fuera de la última legislatura del cuatrienio y de procesos decisivos como la elección de magistrados de la Corte Constitucional.

La determinación se originó por su ausencia durante las sesiones en las que se discutió la consulta popular impulsada por el Gobierno, lo que fue interpretado como una falta grave al régimen de bancadas. En la visión del partido, se trató de un acto de indisciplina que afectó la cohesión de la colectividad en un momento clave.

Choque jurídico y político en el Congreso

“La actuación de un congresista debe ser ejemplar y, por lo tanto, debe reflejar a los demás miembros del partido en una corporación que Cambio Radical mantiene una bancada unida en la defensa de sus ideales, puesto que ese es el sentido de la existencia de organizaciones políticas”, señaló el partido en un comunicado.

Ambos congresistas aseguran que la sanción aún no está en firme. Ortega ha manifestado públicamente que su impugnación ante el CNE sí tiene efecto suspensivo, lo que, según él, le habilita para seguir participando en votaciones.

El presidente Gustavo Petro cuestionó la sanción impuesta por Cambio Radical. En su opinión, sólo un juez penal puede restringir los derechos políticos de un congresista, tal como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Petro calificó la medida como una vulneración a la democracia y aseguró que la oposición sólo busca “ganar con trampas”.

No obstante, este 3 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral le dio la razón al partido de derechas, por lo que dejó sin efectos la suspensión de la sanción sobre los senadores Castañeda y Ortega, en un auto que resolvieron las magistradas del Pacto Histórico Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez.

En las últimas horas, la colectividad anunció que denunciará a las magistradas por prevaricato, además de presentar una queja ante la Procuraduría. De acuerdo con voceros del partido, “hay un claro conflicto de intereses que terminará beneficiando a sus senadores, y, por ende, al Gobierno”.

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