Licitación de pasaportes: ¿Por qué Petro declara insubsistente a secretario general de la Cancillería?

En medio de una creciente controversia, el presidente colombiano Gustavo Petro ha declarado insubsistente al secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por su presunta implicación en la adjudicación del contrato para la fabricación de pasaportes a la empresa Thomas Greg & Sons. Esta decisión ha desencadenado un debate sobre la transparencia y legalidad del proceso de licitación.

El contundente mensaje del presidente de la República surgió después de que el secretario general, José Antonio Salazar, presentara el contrato para la producción de pasaportes. Esta acción, que implicaba un acuerdo millonario, anuló la decisión previa de Álvaro Leyva de declarar la licitación como desierta, a raíz de supuestas irregularidades durante el proceso de convocatoria.

El mandatario acusa a Salazar de traición y lo señala de corrupción y manipulación en el proceso de adjudicación del contrato, que asciende a una cifra cercana a los 599.000 millones de pesos colombianos. Petro afirma que esta acción compromete la libre competencia y monopoliza los datos privados al confiar en una sola empresa para la producción de pasaportes durante un extenso período.

La controversia se intensifica con la suspensión previa de la licitación debido a presuntas irregularidades y la decisión del ex canciller Álvaro Leyva de declararla desierta. La continuidad del contrato con Thomas Greg & Sons, a pesar de las investigaciones en curso y las acusaciones de falta de competencia, genera interrogantes sobre la integridad del proceso de adjudicación.

¿Cuál fue la reacción de José Antonio Salazar?

Justo después de que el presidente Petro publicara su mensaje en redes sociales, el secretario general de la Cancillería ofreció sus primeras declaraciones a Noticias Caracol sobre su destitución. Salazar expresó: “Si este es el resultado de cumplir con la constitución y la ley, me voy satisfecho. El Ministerio de Relaciones Exteriores no enfrentará ningún problema en este sentido, los ciudadanos colombianos podrán obtener sus pasaportes, y el resultado del proceso de licitación se llevó a cabo con todas las garantías legales”.

Salazar explicó que su decisión se basó en el proceso de licitación pública iniciado en mayo del año anterior, que culminó con la selección de un licitador que obtuvo la máxima calificación y tenía el derecho legítimo de ser el adjudicatario del contrato en cuestión. Según él, este fue el resultado natural del proceso. Además, el funcionario mencionó que una de sus motivaciones fue proteger el patrimonio del Estado. “El Estado se beneficia plenamente. Esta fue una de las razones por las que actué de esta manera, sabiendo que era una decisión que requería valentía. Lo hice porque al informar al Tribunal Administrativo sobre la decisión, la demanda ya no tendría fundamento, ya que estaría impugnando un acto administrativo que ya no forma parte del ordenamiento jurídico. Ya no existe, por lo que esta demanda finalmente llegaría a su fin”.

El despido de Salazar y la investigación penal anunciada reflejan la gravedad de las acusaciones y la importancia que el gobierno colombiano atribuye a este caso. Se espera que las autoridades esclarezcan las circunstancias que rodean esta controvertida adjudicación y tomen medidas para garantizar la transparencia en futuros procesos de licitación en el país.