La última propuesta del Gobierno para fijar los precios de la vivienda que puede levantar polémica
El alza del salario mínimo de cerca del 23 % llevó el tope de la vivienda VIS a más de $236 millones para este año.
El Gobierno nacional puso sobre la mesa una propuesta que podría transformar la manera en que se fijan los precios de la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) en Colombia, medida que desde ya genera controversia por los posibles efectos que podría tener sobre compradores, constructores y el mercado inmobiliario.
La iniciativa, liderada por el Ministerio de Vivienda, plantea desindexar el valor de estas viviendas del salario mínimo, un mecanismo que ha sido la referencia histórica para establecer los topes máximos de precios y que se ajusta automáticamente cada año con el incremento del SMMLV.
¿Qué busca el Gobierno con este cambio?
El objetivo central es que el precio de la vivienda se pacte en pesos colombianos desde la firma de la promesa de compraventa, evitando que el valor final aumente durante el proceso de construcción por cuenta del alza anual del salario mínimo.
Según el Ejecutivo, la indexación al SMMLV ha generado sobrecostos inesperados para miles de compradores, especialmente en años recientes, cuando los incrementos del salario mínimo han sido superiores al 10 % anual. El impacto del esquema actual se refleja con claridad en los números:
- Salario mínimo 2026: decretado en $1′750.905, tras un incremento del 23,7 % frente a 2025.
- Tope VIS actual: 135 salarios mínimos, lo que equivale a cerca de $236 millones.
- Comparación anual: En 2025, ese mismo tope representaba alrededor de $192 millones. En un sólo año, el precio máximo subió más de $40 millones, sin que el inmueble cambiara de características.
Este aumento ha llevado a que muchos hogares que ya habían firmado promesas de compraventa no logren cerrar financieramente el negocio, al no contar con el capital adicional exigido al momento de escriturar.
¿Cuáles son los puntos críticos del proyecto?
La propuesta gubernamental contempla varios elementos que concentran el debate:
- Precio fijo en pesos: El valor total del inmueble deberá quedar definido en moneda local, sin ajustes automáticos ligados al salario mínimo.
- Ajustes limitados: Sólo se permitirían incrementos en casos excepcionales, respaldados por indicadores oficiales de costos de construcción, como los índices del DANE.
- Tope uniforme: Se mantendría el límite máximo de 135 salarios mínimos para VIS, eliminando diferencias que hoy existen entre ciudades según su tamaño o dinámica inmobiliaria.
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