JUDICIAL

La última orden del Tribunal que deja al descubierto la educación de Petro

El primer mandatario deberá retractarse luego de realizar señalamientos sin material probatorio que justifiquen sus comentarios.

FILE PHOTO: Colombian President Gustavo Petro speaks during his visit and after a binational council of ministers, in Jacmel, Haiti January 22, 2025. REUTERS/Marckinson Pierre/File Photo
Marckinson Pierre
Carolina Morales
Profesional en Periodismo y Opinión Pública egresada de la Universidad del Rosario, apasionada por la redacción y la locución radial.
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Durante las últimas horas, el Juzgado 24 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá abrió un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, debido a que no cumplió la orden de retractarse por declaraciones públicas que realizó contra la EPS Coosalud y en contra de su exgerente, Jaime Miguel González Montaño.

De acuerdo con el organismo, la medida fue adoptada luego de que se confirmara que el primer mandatario no presentó una rectificación ni disculpas públicas tras los 16 señalamientos que realizó en contra de la Entidad Promotora de Salud y su exgerente a través de su cuenta en la red social X y durante una alocución presidencial.

Este proceso fue abierto debido a que el 21 de noviembre de este año el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo protegiendo los derechos fundamentales de González Montaño (honra, buen nombre y debido proceso), luego de que Petro lo acusara públicamente de beneficiar de supuestos desvíos de recursos en Coosalud.

Entre los señalamientos, Petro sostuvo que “se robaron 221.000 millones” de pesos de los recursos de la salud y, además, calificó al exgerente González como “bandido”. Sin embargo, el Tribunal determinó que no aún no existe una condena judicial que respalde esas afirmaciones, por lo que ordenó retractación y disculpas públicas

Según el Tribunal, “el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego tampoco presentó evidencias pertinentes como sustento de sus afirmaciones ni acreditó haber agotado previamente, por lo menos un mínimo de diligencia en la verificación de los hechos que informó a la opinión pública, no como apreciaciones, sino como supuestos fácticos verdaderos”.

La última orden del Tribunal que deja al descubierto la educación de Petro
FILE PHOTO: Colombian President Gustavo Petro reacts during the troop recognition ceremony for the newly appointed Minister of Defense, Pedro Sanchez, at the Jose Maria Cordova Military Cadet School in Bogota, Colombia, March 11, 2025. REUTERS/Luisa Gonzalez/File PhotoLuisa Gonzalez

¿Qué pasará con el incidente de desacato contra Petro?

Luego de abrir el incidente de desacato, el Juzgado 24 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá le dio al presidente colombianos 48 horas para que informe públicamente qué acciones ha tomado para cumplir con la orden de retractación. De lo contrario, el mandatario podría enfrentarse a sanciones debido a la falta de una sentencia en contra de la EPS y Jaime Miguel González Montaño.

“Con ocasión de las investigaciones adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud, así como de declaraciones emanadas por el superintendente sobre el particular, lo cierto es que aún no existe una decisión emitida por autoridad judicial competente sobre si, en efecto, el accionante incurrió en actos de corrupción, más exactamente en desviación de recursos”, señaló el Tribunal.

Para el exgerente González Montaño, este fallo busca restablecer su derecho al buen nombre. De acuerdo con las declaraciones del Tribunal, las expresiones de Petro afectaron la reputación del ex funcionario sin que existieran elementos probatorios, por lo que el organismo ordenó al presidente abstenerse de volver a hacer señalamientos públicos en su contra desde cualquier medio institucional o bajo su titularidad.

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“En consecuencia, se concluye que no acreditó la carga de veracidad e imparcialidad de la información, de la que deberían estar revestidas sus afirmaciones, en virtud a las importantes repercusiones que tiene la comunicación del principal funcionario público con la población”, agregó el Tribunal.

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