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REFORMA PENSIONAL

La respuesta de la Contraloría a la reforma pensional

La entidad reconoció que el proyecto, que avanza en segundo debate en plenaria del Senado, elimina la competencia entre los sistemas público y privado.

El Congreso de la República deberá crear un nuevo régimen pensional para las mujeres colombianas.
COLPENSIONES

La Contraloría General de la Nación emitió un balance sobre la sostenibilidad financiera de la reforma pensional presentada por el Gobierno de Gustavo Petro ante el legislativo. De acuerdo con el reporte de la entidad, una de las limitaciones de la iniciativa son las inversiones que requiere su implementación y que, además, podría generar un colapso administrativo en Colpensiones.

“Frente a la sostenibilidad financiera, llama la atención el costo proyectado de la reforma, el cual muestra un acelerado crecimiento al pasar de un Valor presente Neto (VPN) en 2070 del 73,57% del PIB a un VPN en 2100 del 126%. A lo largo de las primeras cuatro décadas de la reforma el efecto fiscal de los pilares semicontributivo y contributivo es nulo frente al escenario sin reforma, etapa a partir de la cual comenzarían a observarse los efectos de la misma”, sostuvo la Contraloría.

¿Qué otras observaciones realizó la Contraloría?

Por otra parte, la entidad explicó que, al igual que la reforma laboral, el proyecto pensional no contiene las políticas específicas para mejorar la afiliación y cotización de los colombianos. De hecho, de acuerdo con Carlos Zuluaga, contralor en funciones, la implementación de la nueva reforma podría generar un colapso administrativo en Colpensiones.

Según Zuluaga, en caso de que la iniciativa sea aprobada, Colpensiones pasaría de 6,7 millones de afiliados a 18 millones, pues los usuarios estarían facultados para cotizar hasta tres salarios mínimos con la entidad estatal, lo que pone en duda su capacidad para administrar el sistema pensional de manera mayoritaria.

Colpensiones para asumir nuevas funciones, se amerita una revisión a su diseño organizacional y capacidad operativa, administrativa y tecnológica en temas como, por ejemplo, las solicitudes relacionadas con historias laborales”, se lee en el documento publicado por la Contraloría.

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