La multa que pueden recibir los arrendatarios que hayan cancelado reservas por los conciertos de Bad Bunny
Estas son las sanciones que podrían enfrentar los alojamientos que cancelen de manera injustificada a los turistas.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió durante las últimas horas una advertencia a los prestadores de servicios de alojamiento turístico, incluidas las viviendas turísticas y alojamientos ofertados en plataformas digitales, sobre las presuntas prácticas irregulares de cancelaciones de reservas en Medellín, debido la alta demanda generada por el concierto de Bad Bunny.
De acuerdo con las denuncias que ha recibido el organismo, decenas de hospedajes han cancelado de manera masiva sus reservas y, de manera irregular, han ofrecido nuevas tarifas más elevadas a los usuarios que, con semanas de antelación, habían realizado la reserva de sus hospedajes.
“Al respecto, la Superintendencia de Industria y Comercio, en su calidad de Autoridad Nacional de Inspección, Vigilancia y Control de los Prestadores de Servicios Turísticos, advierte a los distintos prestadores de alojamiento turístico, incluidas las viviendas turísticas, que existe la obligación de respetar los términos ofrecidos y pactados con los turistas y/o consumidores, so pena de incurrir en distintas infracciones que podrían ser sancionadas hasta con dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes”, señaló la Sic por medio de un comunicado.
¿Qué está pasando con los hospedajes en Medellín?
La SIC señaló recientemente que recibió numerosas denuncias ciudadanas y ha identificado un patrón que se repite cada vez que Medellín recibe eventos masivos: reservas confirmadas con antelación son canceladas sin causa justa o atribuida al consumidor con el fin de ofrecer los mismos espacios de alojamiento a tarifas más altas.
El concierto de Bad Bunny, programado para los días 23, 24 y 25 de enero en el estadio Atanasio Girardot, ha generado una presión turística en la capital antioqueña. La llegada de cientos de fanáticos nacionales y extranjeros ha incentivado la ocupación hotelera y ha activado un boom en el mercado de arriendos temporales.
Sin embargo, junto con el aumento del turismo también ha surgido una polémica por cancelaciones y aumentos injustificados de precios en alojamientos ofertados en plataformas como Airbnb y otros servicios de arrendamiento temporal. Por esta razón, la SIC recordó a los prestadores de servicios turísticos que están obligados a respetar las condiciones ofrecidas y establecidas inicialmente a los consumidores.
Según los organismos de control, cancelar reservas de forma unilateral para revenderlas a un precio mayor es una vulneración a los derechos del consumidor y de la legislación turística actual. Por ello, si se comprueba que hubo incumplimiento de las condiciones pactadas, los responsables podrían enfrentar sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que equivaldría a multas por montos cercanos a los 3.500 millones de pesos colombianos.
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“De esta forma, la Superintendencia de Industria y Comercio reafirma su compromiso con garantizar que cada experiencia en el marco de una relación de consumo se desarrolle en condiciones de transparencia y respeto con los turistas. De igual manera, en su condición de Autoridad Nacional de inspección, vigilancia y control, de los prestadores de servicios turísticos, la SIC recuerda que la libertad económica y la iniciativa privada no son absolutas, y deben por lo tanto ser ejercidas en equilibrio con la función social de la empresa y la prevalencia del interés general”, sostuvo la SIC por medio de un comunicado.
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