¿Es sostenible la reforma pensional en la práctica?: qué dicen los expertos

La reforma pensional del presidente Gustavo Petro pretende reconfigurar el sistema pensional del país, unificando los fondos privados con el sistema público administrado por Colpensiones. Aunque esta busca ampliar el acceso a una pensión digna, su implementación y sostenibilidad son temas de intenso debate entre expertos y sectores económicos.

Uno de los aspectos centrales del proyecto que fue aprobado en el Congreso, es el umbral de cotización obligatoria en Colpensiones, fijado en 2,3 salarios mínimos. Esta decisión busca equilibrar la carga entre los regímenes público y privado, con el objetivo de reducir la dependencia estatal y mejorar la cobertura pensional. Sin embargo, los críticos argumentan que un umbral más alto podría comprometer la viabilidad a largo plazo del sistema, mientras que uno más bajo implicaría mayores costos fiscales futuros.

Entidades como Anif y Fedesarrollo abogaban por un umbral menor, entre uno y 1,5 salarios mínimos, argumentando que esto podría optimizar el ahorro nacional y limitar el subsidio estatal en el futuro. La complejidad radica en encontrar un equilibrio entre la suficiencia pensional y la carga financiera para el Estado en las décadas venideras.

Administración por el Banco de la República

La administración del fondo de ahorro del pilar contributivo por parte del Banco de la República ha sido una medida bien recibida por muchos, incluyendo a expertos como Oliver Pardo del Observatorio Fiscal de la Javeriana. Esta decisión busca asegurar una gestión financiera más estable y libre de interferencias políticas, crucial para la confianza de los cotizantes y el mercado de bonos de deuda pública.

El papel del Banco de la República no solo se limita a la administración prudente del fondo, sino también a diversificar las inversiones para mantener la estabilidad y previsibilidad de las mesadas pensionales. Esto disipa preocupaciones sobre un posible uso indebido de los fondos pensionales para fines distintos a los previstos, una garantía fundamental para la seguridad financiera a largo plazo.

Régimen de Transición y Equidad de Género

La reforma pensional establece un régimen de transición que diferenciará entre aquellos que ya cumplieron con los requisitos bajo el sistema actual y aquellos que se beneficiarán del nuevo esquema. Esto incluye la reducción gradual de las semanas requeridas para mujeres, reconociendo las disparidades históricas y de género en el acceso a pensiones.

Además, medidas como la posibilidad de descontar semanas por hijos y la ampliación del pilar solidario apuntan a reducir las brechas de género y mejorar la probabilidad de que más mujeres accedan a una pensión. A pesar de estos avances, hay quienes advierten que las brechas de monto entre hombres y mujeres podrían persistir, incrementando los costos fiscales para el Estado en el futuro.

Uno de los puntos de mayor controversia es la sostenibilidad fiscal de la reforma a largo plazo. Mientras el gobierno estima que la medida con un umbral de 2,3 salarios mínimos es sostenible hasta 2070, críticos como Santiago Montenegro de Asofondos cuestionan la proyección, sugiriendo que un fondo de ahorro no debería agotarse nunca. Esto plantea desafíos significativos para la financiación futura de las pensiones, especialmente cuando la población envejezca y menos trabajadores sostengan el sistema.

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