¿En qué consiste la ley ordinaria de Jurisdicción Agraria que ha radicado el presidente Petro?
La aprobación de este articulado le permitiría a la rama judicial resolver las disputas en materia agraria de forma especializada.
En las últimas horas, el Gobierno de Gustavo Petro radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley sobre jurisdicción agraria que, en caso de ser aprobado, le permitirá a jueces y magistrados resolver de manera especializada los conflictos agrarios y rurales que se presentan en el territorio nacional. Esta iniciativa, de hecho, hace parte del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc-Ep.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, “la Ley Ordinaria tiene como objetivo determinar las competencias de los jueces agrarios y el tipo de conflictos que resolverán, como aquellos por la posesión y tenencia de la tierra, por servidumbres agrarias, por deslinde y amojonamiento de predios agrarios y los que surjan de las actividades de producción agrarias, entre otros”.
"Le queremos decir al Congreso que nos permitan aislar los miedos, que no sean los mitos, la angustia, y el terror mediático, el que defina el rumbo de la justicia agraria. Que sea la vida, la convicción por la tierra, la convicción por la potencia agroalimentaria, la que nos una… pic.twitter.com/xrRbIOb8T2
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 27, 2024
¿En qué consiste este nuevo proyecto de ley?
Tras la aprobación del articulado, mujeres rurales, miembros de grupos étnicos y pequeños y medianos productores podrán participar de los procesos judiciales en materia agraria, lo que eliminaría las barreras que actualmente establece el sistema de justicia entre los actores rurales y las comunidades étnicas.
Según la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, este proyecto de ley permitiría poner a disposición de los ciudadanos a “un funcionario de la rama Judicial del Poder Público autónomo, independiente, y elegido por mérito, al servicio de la solución de los conflictos agrarios, para que propietarios, ocupantes y poseedores se sientan tranquilos”.
En ese sentido, si el legislativo tramita de manera positiva el proyecto, será el ente judicial quien resuelva las disputas agrarias sobre uso y tenencia de la tierra, contratos de aparcería, lanzamientos por ocupaciones, uso de recursos comunales en predios agrarios, servidumbres agrarias y asuntos de la Agencia Nacional de Tierras.
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