El último giro del caso Álvaro Uribe Vélez: se amplía el plazo
La justicia amplió la oportunidad para que Fiscalía y las víctimas sustenten la casación en el caso, prolongando la disputa jurídica.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decidió ampliar el plazo para que la Fiscalía General de la Nación y las víctimas presenten el recurso extraordinario de casación contra la sentencia que absolvió, en octubre de este año, al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La fecha límite ahora será el 13 de enero de 2026.
La determinación se dio en respuesta a una solicitud conjunta del Ministerio Público y los representantes de las víctimas, quienes argumentaron que debido a la complejidad del expediente, era necesario extender el periodo para estructurar una impugnación sólida. El Tribunal aceptó la petición y agregó cinco días hábiles posteriores a la vacancia judicial, que arranca el 20 de diciembre.
Un caso de no acabar
El 21 de octubre, la misma sala tumbó la condena de primera instancia por fraude procesal y soborno en actuación penal, impuesta por la jueza Sandra Heredia. Sin embargo, con el recurso, la decisión no es definitiva, ya que las víctimas y la Fiscalía insisten en que existen elementos suficientes para que la Corte Suprema revise la decisión.
El 6 de noviembre, los abogados del senador Iván Cepeda, del exministro de Justicia Eduardo Montealegre, del exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y de Deyanira Gómez, exesposa de un testigo clave del caso, realizaron una solicitud formal y, ahora, los demandantes tendrán un mes para convencer a la alta corte que el fallo en segunda instancia tiene que ser anulado.
Miguel Ángel del Río, abogado de Deyanira Gómez, dio a conocer la noticia resaltando que “la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá nos concede la ampliación del término para sustentar el recurso extraordinario de casación hasta el 13 de enero de 2026 para víctimas y Fiscalía”.
La defensa de Uribe, liderada por Jaime Granados, mantiene su postura: la absolución debe sostenerse. Tras conocerse la ampliación del plazo, reiteró su posición al afirmar que “no existe un solo elemento que demuestre que el expresidente ordenó o promovió sobornos”, insistiendo en que las actuaciones judiciales anteriores han sido un ejercicio de “reparación de un daño causado durante años”.
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Este proceso ha tenido múltiples giros. En agosto de 2025, el Juzgado 44 Penal del Circuito declaró al exmandatario culpable y lo condenó a 12 años de prisión por su presunta participación en un entramado de manipulación de testigos. Pero semanas después, el Tribunal Superior no solo dejó sin efecto esa sentencia en segunda instancia, sino que lo absolvió, generando un terremoto político y jurídico.
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