El requisito anual para vigilantes en Colombia: esta es la sanción que afrontan si no lo cumplen
Los trabajadores y empresas del sector de seguridad privada deberán cumplir con una norma fundamental, cuyo incumplimiento puede acarrear multas económicas.
Para finales de 2021, Colombia tenía cerca de 390.000 vigilantes de seguridad privada registrados, un sector que representa el 1,6 % del PIB del país y que, además, genera cada año cerca de 10,5 billones de pesos colombianos, según cifras de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
No obstante, para ser personal de seguridad privada deben cumplir con un requisito fundamental: contar con un certificado de aptitud psicofísica que demuestre su idoneidad para manipular armamento.
Este requisito, establecido por la Ley 1539 de 2012, busca garantizar que las personas encargadas de la protección y defensa en servicios privados estén en óptimas condiciones físicas y mentales para ejercer sus funciones al momento de operar un arma de fuego.
La norma exige que el certificado sea renovado anualmente, sin costo para el trabajador, ya que la responsabilidad recae sobre la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) a la que se encuentre afiliado.
Este documento se obtiene únicamente en instituciones médicas acreditadas y avaladas por el Ministerio de Defensa, las cuales realizan una evaluación integral que incluye pruebas de visión, audición, coordinación motriz y valoración psicológica.
Las empresas, principales responsables del cumplimiento
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1539, las compañías que permitan que su personal porte armas sin el certificado vigente pueden ser sancionadas con multas que van desde cinco (5) hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para 2025, dicha sanción representa, en pesos colombianos, cifras entre los $6,5 millones y más de $130 millones de pesos, dependiendo de la gravedad del caso. El objetivo, según la entidad, es garantizar que todos los servicios de seguridad privada en el país operen bajo estándares de legalidad, responsabilidad y control.
Además de las sanciones económicas, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tiene la facultad de imponer medidas administrativas adicionales, como la suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento de las empresas que incumplan.
En cuanto al procedimiento, los trabajadores deben presentar exámenes médicos que certifiquen su capacidad psicofísica. Si alguno no supera las pruebas, tiene derecho a repetir el proceso en otra institución diferente, sin costo adicional. El sistema de certificación debe incluir medidas de seguridad biométrica y firmas digitales para evitar fraudes o suplantaciones, garantizando así la veracidad de los resultados.
Las empresas de vigilancia deben mantener actualizado un registro interno con la información de sus empleados certificados, verificar las fechas de vencimiento y coordinar con sus ARL el proceso de renovación.
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