El duro castigo que puede imponer la ley en Colombia a las personas que prestan dinero
En el país, prestar dinero bajo el sistema “gota a gota” puede llevar a la cárcel por usura y extorsión, según el Código Penal.
En Colombia, los préstamos informales o “gota a gota” se han extendido entre comerciantes, trabajadores y personas que no logran acceder al sistema financiero tradicional. Según cifras de la Fiscalía, más de 8,000 víctimas han sido afectadas a través de redes sociales.
El Código Penal colombiano, en su artículo 305, establece que quien cobre intereses por encima del límite legal comete el delito de usura, sancionado con penas de 32 a 90 meses de prisión y multas de hasta 300 salarios mínimos. Esto aplica tanto a personas naturales como a grupos que operan de manera organizada bajo esta práctica.
Pero no sólo la usura se considera delito con los gota a gota. Si alguna persona cobra una deuda a través de amenazas o intimidación, podría considerarse como extorsión y puede ser castigado con prisión de cuatro a ocho años.
Esta pena se agrava si la víctima es menor de edad, adulta mayor o persona con discapacidad, llegando de cinco a diez años de prisión y, además, si la amenaza se realiza por dos o más personas, incluye agresiones físicas o psicológicas, uso de armas o daños a la propiedad, la pena puede ser de ocho a 15 años, especialmente si es delincuencia organizada.
La trampa del “gota a gota” y sus consecuencias
En apariencia, el “gota a gota” ofrece soluciones rápidas para quienes necesitan dinero de forma urgente. Sin embargo, detrás de esos préstamos hay tasas que pueden superar el 20 % o 40 % mensual, pagos diarios imposibles de sostener y, en muchos casos, amenazas y violencia cuando los deudores no pueden pagar.
Autoridades como la Superintendencia Financiera y la Fiscalía General de la Nación han advertido que este modelo no sólo constituye un delito financiero, ya que también está vinculado a organizaciones dedicadas al lavado de activos y la extorsión. Por eso, han intensificado operativos y campañas para promover las denuncias de las víctimas.
Según informes del DANE y de los concejos municipales, un porcentaje importante de vendedores ambulantes y pequeños comerciantes recurre al “gota a gota” para sostener sus negocios. La falta de acceso al crédito formal y los procesos burocráticos impulsan a muchas personas a caer en manos de prestamistas ilegales.
En 2024, el Congreso aprobó un proyecto de ley que busca tipificar de manera específica el préstamo “gota a gota” como delito, con el fin de endurecer las penas y ofrecer mayor protección a las víctimas. La iniciativa también promueve estrategias de inclusión financiera y créditos alternativos para sectores vulnerables.
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