EE. UU. analiza recortar las ayudas a Colombia: este es el motivo y cómo podría afectar a la economía

El gobierno de Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, ha tenido desacuerdos y disgustos con el gobierno de Gustavo Petro. Polémicas han ido y venido, además de amenazas y críticas constantes a las distintas formas de presidir, pues han puesto en vilo una de las relaciones bilaterales más importantes de la región.

Recientemente, The New York Times dio a conocer que el fantasma de la desertificación pone un manto de duda en la inversión de miles de millones de dólares de parte del gigante norteamericano en la lucha antidrogas, debido a la creciente plantación de cultivos de coca y a la disminución de fumigación de los mismos en el país.

Millones en asistencia militar, tecnológica y de desarrollo penden de un hilo mientras Washington revisa el grado de compromiso de Colombia en la guerra contra los narcóticos.

Según el diario neoyorquino, la administración estadounidense ha cuestionado si los fondos están siendo utilizados con la eficacia esperada en el control de rutas de narcotráfico.

Las cifras que podrían llevar a la descertificación de Colombia

En 2023, de acuerdo con el Informe Mundial de Drogas de la Organización de las Naciones Unidos (ONU), Colombia tenía cerca de 253.000 hectáreas de coca, un aumento de 23.000, es decir, de un 9 % con respecto a 2022. Por eso, este lunes 15 de septiembre se conocerá si se quitará o no la certificación de la lucha antidrogas.

“Una hipotética descertificación sería muy injusta, perjudicaría definitivamente a Colombia, perjudicaría también a Estados Unidos y, en definitiva, solo beneficiaría a los narcotraficantes”, dijo Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Washington a The New York Times.

Entre enero y los primeros días de septiembre, las autoridades reportaron un incremento en los golpes contra el narcotráfico: las incautaciones de cocaína crecieron un 8 % frente al mismo periodo del año pasado y la destrucción de laboratorios clandestinos subió un 21 %. A esto se suma la captura o baja de 3.200 integrantes de organizaciones criminales, una cifra que representa un aumento del 17 %.

De darse la descertificación, el recorte de fondos afectará de manera importante a varios programas que dependen de esta cooperación, especialmente aquellos de desarrollo rural, sustitución de cultivos y construcción de infraestructura en zonas afectadas.

Además, comunidades rurales y fronterizas, donde los cultivos ilícitos han sido una alternativa económica, podrían quedarse sin opciones de apoyos para el acceso a servicios básicos, educación, salud, vías y otros proyectos sociales, lo que podría aumentar la pobreza y la presión para retornar a economías ilícitas.

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