Demanda de Thomas Greg al Estado colombiano: causas, fechas y detalles del pleito

El pasado martes 19 de diciembre se llevó a cabo la tercera audiencia de conciliación entre la compañía Thomas Greg & Sons y la Cancillería, sin embargo ambas partes no llegaron a un acuerdo, razón por la cual la firma optó por demandar formalmente al Estado por una suma de $117.000 millones de pesos.

De acuerdo con lo expuesto por la firma, a pesar de que el comité conciliador de la Cancillería tenía la disposición de llegar a un acuerdo, esto no se vio reflejado en la certificación expedida por la secretaría de dicho comité.

¿Cuáles son las causas de la demanda?

“La certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité solo se daba cuenta de la primera de las decisiones: revocar los actos por ilegales y señalaba que el ministro (Álvaro Leyva) era quien debería revocar los actos. Sin embargo, nada decía de la adjudicación del contrato a la Unión Temporal, presupuesto básico para lograr el acuerdo. Tampoco se pronunciaba en el sentido de aceptar o no los servicios adicionales ofrecidos como parte de la fórmula de arreglo y, lo más grave, desconocía el mandato del artículo 89 de la Ley 2220 de 2022, que con total claridad señalaba que es la acta de acuerdo conciliatorio la que sustituye los actos que se quieren revocar, sin que sea necesario ninguna intervención del Comité”, señala la empresa.

De igual manera, Tomas Greg & Sons precisa que “las declaraciones del ministro Leyva en la Revista Semana y la negativa del Comité (de ajustar la certificación a lo que según el abogado se había aprobado), evidencian la ausencia total de ánimo conciliatorio”. Cabe mencionar que a pesar de que existe una demanda formal, la empresa tiene toda la disposición de conciliar en medio de la disputa.

¿Por qué no hubo conciliación entre la Cancillería y Thomas Greg?

A pesar de que varios abogados expertos señalaron que el mejor escenario que tenía el estado para evitar una millonaria multa era conciliar, Thomas Greg y la Cancillería no llegaron a un acuerdo durante la tercera audiencia de conciliación del pasado martes 19 de diciembre.

Según la firma, su propuesta consistía en que le adjudicaran el contrato de licitación de pasaportes el cual se declaró desierta a cambio de no ejecutar una demanda contra el Estado, sin embargo el Gobierno Nacional se negó a dicha petición. Con base en lo anterior, la compañía Thomas Greg optó por demandar al Estado por $117.000 millones de pesos, bajo el argumento de que la empresa se sintió perjudicada por la decisión del Canciller Leyva de declarar desierta la licitación de pasaportes en el país.

Respecto a la audiencia de conciliación, la procuradora judicial Fernanda García, en los micrófonos de W Radio dijo que a pesar de los intentos para lograr un consenso, “cuando se expide la certificación por parte de la Cancillería en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues no se llegó a un acuerdo conciliatorio”.

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