¿Cuáles son las funciones de un administrador provisional?: descubre qué puede hacer y qué no
En materia mobiliaria, un administrador provisional está facultado para recaudar la administración, resolver las disputas entre los residentes y supervisar los archivos de la propiedad.
Según la ley de propiedad horizontal, es decir, la normativa establecida para regular la organización y el funcionamiento de bienes inmuebles como edificios, conjuntos residenciales o urbanizaciones compartidas, un administrador provisional es una persona natural o jurídica que debe ser elegida por la asamblea o el consejo de la copropiedad.
De acuerdo con el artículo 52 de la la ley 675 de 2001, “mientras el órgano competente no elija al administrador del edificio o conjunto, ejercerá como tal el propietario inicial, quien podrá contratar con un tercero tal gestión. No obstante, una vez se haya construido y enajenado un número de bienes privados que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de los coeficientes de copropiedad, cesará la gestión del propietario inicial como administrador provisional”.
Por lo tanto, un administrador provisional está facultado para cobrar las cuotas de administración conforme a la tarifa provisional o fija establecida para el bien inmueble. Y, en efecto, los propietarios están en la obligación de pagar las expensas producidas por los servicios o espacios comunes desde que reciben el dominio o desde el momento fijado en el contrato.
¿Qué otras funciones tiene un administrador provisional?
Adicionalmente, un administrador provisional puede asumir la representación legal de la propiedad privada, llevar a cabo la contabilidad del conjunto o edificio, resolver los conflictos o disputas entre los residentes, supervisar archivos de la propiedad (registros, actas, documentos legales, contratos) y, de hecho, es el responsable de la conservación, el mantenimiento, la reparación y la reposición de los bienes comunes de la propiedad.
Por el contrario, un administrador provisional está limitado para firmar contratos a largo plazo en nombre de la copropiedad, realizar cambios o modificaciones estructurales significativas dentro del inmueble, tomar decisiones permanentes o modificar la normativa. Sin embargo, los condicionamientos en sus funciones dependerán directamente de las políticas establecidas por el edificio, urbanización o conjunto residencial.