¿Colombia sin pasaportes desde septiembre de 2025? Contraloría emitió alerta a Cancillería
El riesgo de suspensión en la expedición de pasaportes es inminente. La Imprenta Nacional no estaría lista y el contrato actual vence pronto.
La Contraloría General de la República emitió el 23 de julio una alerta de control interno dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Imprenta Nacional sobre la inminente crisis en la expedición de pasaportes, cuyo contrato actual vence el 31 de agosto de 2025.
Según el organismo, la falta de contratos firmes y la insuficiente preparación técnica de la nueva estructura estatal crean un riesgo concreto para el derecho fundamental a la movilidad de los colombianos.
El problema identificado del caso es claro: una transición mal planificada podría generar un desabastecimiento significativo, dejando decenas de miles de solicitudes sin respuesta cuando Thomas Greg & Sons (el actual proveedor) deje de operar. Según la Procuraduría, quedan apenas 290.000 pasaportes por entregar, una cifra insuficiente frente a la demanda nacional.
Una advertencia que se veía venir
La Contraloría critica que los convenios firmados el 18 de julio entre Cancillería e Imprenta no aseguran alianzas estratégicas retadoras (como la Casa de la Moneda de Portugal) y desatienden el cronograma de implementación, fijado inicialmente para el 1 de septiembre y luego extendido al 31 de marzo de 2026.
El contralor delegado, Luis Enrique Abadía García, afirmó que la Imprenta necesitaría entre siete y ocho meses de preparación técnica antes de asumir la función, lo que supera con creces el plazo disponible. Sin medidas extraordinarias, advirtió el posible incumplimiento del artículo constitucional que garantiza la libertad de locomoción.
Este escenario no es casual: parte de un conflicto contractual que generó, en su momento, la salida de tres cancilleres del gobierno de Gustavo Petro (Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia), vinculados a disputas sobre la continuidad de Thomas Greg & Sons o la transferencia del proceso a la Imprenta Nacional con apoyo externo portugués
La Procuraduría, por su parte, investiga a Murillo, Sarabia y al actual jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, por supuestas extralimitaciones y uso indebido de figuras contractuales como la urgencia manifiesta para favorecer prórrogas y reordenar el cronograma de citas semanales. Tales decisiones generan temores de manipulación política del sistema de pasaportes.
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