Aumento del 23% del salario mínimo en Colombia se mantiene: juez niega medida cautelar
La decisión se dio 24 horas después de instaurada la tutela por parte del exmagistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares.
El 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro anunció, por decreto, el incremento del salario mínimo para 2026 que es del 23,7 %, es decir, quedó la base de 1′750.905 pesos colombianos, además del auxilio de transporte 249.095 COP, para un total de $2′000.000. No obstante, la medida recibió una tutela por parte del exmagistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares.
El jurista argumentó que el decreto 1469 es no se evaluó “adecuadamente su impacto negativo en las MIPYMES –incluidas microempresas, pequeños negocios o incluso comerciantes personas naturales– y en los trabajadores informales en Colombia, por lo que requiere de la intervención inmediata del juez constitucional”.
Dicho incremento generó una cantidad significativa de críticas, porque no sólo se aumentarían de manera abrupta los costos de un trabajador para las empresas, también sobre el precio de bienes, servicios y, de paso, ítems como los precios de los costos de Vivienda de Interés Social (VIS).
No obstante, este miércoles el juez tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la medida cautelar, lo que significa que dicho incremento seguirá vigente.
#Judicial | El juez tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la medida cautelar que solicitó el exmagistrado Alejandro Linares mediante una acción de tutela que buscaba suspender el decreto 1469 que estableció el aumento del 23% en el salario mínimo… pic.twitter.com/LLxCQuEVUx
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 14, 2026
“Menor bienestar social para todos los colombianos”
Linares actuó en representación del empresario Alexander Donato Rondón y es por ello que, dentro de la demanda, se habla del impacto que el nuevo ingreso generará a las pequeñas y medianas empresas (Mipymes) ya que “no podrían sostener las estructuras de costos sin eliminar empleos o reducir jornadas, enfrentando el cierre definitivo o la quiebra como consecuencia de las barreras creadas por el mismo Gobierno nacional”.
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Además, el exmagistrado de la Corte manifestó que “ante una afectación al aparato productivo, el Estado no sólo tendrá mayores costos fiscales como lo advirtió el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), sino que recibirá menos ingresos tributarios por concepto de impuestos sobre la renta”.
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