Así serían los cambios de la reforma de los servicios públicos en Colombia
Con este articulado, se modificaría el artículo 87 de la ley 142 de 1994 y se prohibiría que la tarifa sea un elemento clave en la celebración de contratos con empresas privadas.
A través del Ministerio de Minas y Energía, el Gobierno de Gustavo Petro presentaría una nueva reforma ante el Congreso de La República con la que modificaría la prestación de servicios de agua, alcantarillado, gas natural y luz eléctrica en el país. El proyecto de ley, con el que se asignarían nuevas facultades al Presidente Gustavo Petro para regular de manera directa los servicios, fortalecería además a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
En caso de que el proyecto sea aprobado por el legislativo, la Superintendencia de Servicios Públicos tendría la capacidad de emitir sanciones y acciones de vigilancia contra las compañías que presenten irregularidades en el suministro de servicios públicos a nivel nacional. Del mismo modo, con la aprobación de la nueva reforma, la cartera de Minas estaría autorizada para sugerir al primer mandatario proyectos regulatorios en materia energética.
La presentación de este tipo de iniciativas, sin embargo, sólo tendrían lugar “cuando la aplicación de las normas expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas resulten contrarias a la política pública del Gobierno, perjudicial para los usuarios de servicios públicos domiciliarios; o cuando sea necesario para asegurar la confiabilidad, seguridad, abastecimiento o sostenibilidad del sistema”, según se lee en el documento.
¿Qué otros cambios propone la nueva reforma a los servicios públicos?
Una de las proposiciones más trascendentales de este proyecto de ley está enfocado en el régimen tarifario: a través de la reforma a los servicios el Gobierno Nacional crearía un sistema solidario y equitativo en el que el costo de los servicios no sólo esté determinado por factores como la ubicación del inmueble o el nivel de consumo, sino también por la capacidad de pago de los usuarios.
Con esta reforma, además, se establecería la creación de un mínimo vital para acueducto, energía eléctrica y gas natural; nuevos requisitos para ser director de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme); la adición de dos nuevos cargos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg); la conformación de comunidades energéticas con las que el Gobierno Petro busca impulsar la transición hacia energías renovables; y la creación de empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos domiciliario (EICE E.S.P).