Así están entrenando exmilitares colombianos a jóvenes que irán a la guerra de Sudán

En las polvorientas tierras de Darfur, al suroeste de Sudán, un grupo de exmilitares colombianos entrena a cientos de jóvenes, muchos de ellos niños, para combatir en uno de los conflictos más sangrientos del planeta.

El escándalo se destapó tras la filtración de videos y testimonios compartidos por un exmilitar al medio La Silla Vacía. Dicha persona, en sus propias palabras, aseguró que no sabía que terminaría formando niños soldados.

‘César’, como se presentó ante dicho medio de comunicación, tenía conocimiento de lo que iba a hacer, aunque no le comentaron algunos detalles. “Me mandaron a ser instructor en campos solo de entrenamiento. Campos donde se incorporan 1.000, 2.000 hasta 3.000 sudaneses para entrenarlos. Había niños de 10, 11 años y 12 años. También había personas de 20 o 30 años, pero muchos niños, muchos”, relató.

Los entrenamientos se realizan en campamentos instalados en las afueras de Nyala, una de las ciudades más golpeadas por el conflicto. Allí, jóvenes entre 10 y 17 años aprenden a manejar fusiles AK-47, rifles de francotirador Dragunov, ametralladoras ligeras y hasta lanzacohetes RPG. Reciben instrucción durante varias semanas y luego son enviados directamente a los frentes de batalla, como parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), uno de los bandos que se disputa el control de Sudán.

El conflicto sudanés, que estalló en abril de 2023, ha dejado, según la ONU, más de 20 mil civiles muertos, cerca de 11 millones de desplazados y ha revivido los peores temores de una limpieza étnica. Organismos internacionales advierten sobre el uso sistemático de menores en combate, una práctica que viola abiertamente el derecho internacional humanitario.

La situación en Darfur es especialmente crítica: se habla de hambruna masiva, masacres y desplazamientos forzados. Además, más de 640 mil niños están expuestos a la propagación del cólera, debido a la imposibilidad de acceso a tratamientos hospitalarios y medicinas.

De la guerra de Ucrania a la de Sudán

‘César’ relató que para ellos todo el procedimiento parecía normal, pues venían de otro país en guerra, luego de haber sido mercenarios también. “Investigué un poco en internet sobre qué eran las Fuerzas de Apoyo Rápido. Supe lo que estaba pasando y pues normal, yo venía de Ucrania y necesitaba trabajar también”, afirmó.

De acuerdo a sus palabras, son muchos los exmilitares colombianos que sirven en estos frentes y es que detrás del reclutamiento de exmilitares colombianos se teje una red transnacional con nombres conocidos.

Uno de los principales coordinadores sería el coronel retirado Álvaro Quijano, quien actúa en conjunto con la firma emiratí Global Security Services Group (GSSG) y la empresa colombiana A4SI, registrada a nombre de Claudia Viviana Oliveros, exesposa de Quijano.

Esta estructura empresarial ha movilizado al menos 300 colombianos desde 2023, muchos bajo la promesa de trabajar como escoltas en Dubái o Libia, pero que terminaron en los campos de guerra sudaneses, en condiciones precarias y sin información clara.

El Gobierno sudanés denunció formalmente esta operación, señalando a Emiratos Árabes Unidos como patrocinador financiero del grupo mercenario y acusando a los colombianos de estar involucrados en una conspiración internacional. Aunque las pruebas no han sido reveladas públicamente, el señalamiento ha puesto en alerta a la comunidad internacional.

Mientras tanto, las denuncias se multiplican. Excombatientes colombianos afirman que las condiciones de contratación son opacas, los salarios bajos y las amenazas frecuentes. Algunos incluso han sido abandonados a su suerte tras cumplir sus funciones. Todo esto ocurre en un contexto en el que Colombia, uno de los países con mayor número de militares retirados en Latinoamérica, se convirtió en un semillero de mano de obra para conflictos en Medio Oriente y África.

Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch y expertos como Jean-Baptise Gallopin, investigador de la ONG, advierten que este fenómeno no solo es alarmante por la dimensión moral y legal, sino porque convierte a los veteranos en piezas descartables de guerras ajenas.

Además, Gallopin dijo que Colombia tiene un deber importante en medio de esta situación: judicializar a personas involucradas en el reclutamiento de menores de edad, sin importar en qué país lo hagan.

“Colombia es parte de la Corte Penal Internacional, así que deben estar preparados para perseguir a cualquier persona identificada como colombiano en el reclutamiento y el uso de niños, o en ayudar o instigar este crimen”, le dijo Gallopin a La Silla Vacía sobre este caso.

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