400 apartamentos abandonados en el occidente de Bogotá: De quién son y de cuánto son las pérdidas

En Bogotá son cada vez más los vestigios de obras inconclusas y que dejan afectadas a cientos de familias que depositaron tiempo y sus ahorros para lograr su sueño de tener casa propia. Esta vez, la ilusión quedó en el aire para más de 300 personas.

En localidad de Engativá, cerca del humedal Juan Amarillo, hay dos torres abandonadas con 400 apartamentos: San Remo y Mónaco. Ambos fueron concebidos como un ambicioso proyecto en el occidente de Bogotá.

San Remo apuntaba a compradores de clase media alta, dispuestos a pagar hasta 300 millones por apartamentos con terraza y zona de barbecue. Mónaco, en cambio, se presentó como una opción de vivienda de interés social, con precios cercanos a los 98 millones y la ilusión de una vida digna para familias con menos recursos.

Así lo dio a conocer el creador de contenido Kevin Bolaños quien, además, narró la historia de cómo comenzó esta construcción. En 1988, el Distrito aprobó el ambicioso proyecto para urbanizar ese rincón del occidente de Bogotá, cerca al barrio llamado Bolivia.

Diez años después, en 1997, se creó el plano final que contaba con parques, zonas verdes y una autopista clave —la avenida El Cortijo— que conectaría esa zona con la proyectada Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y que, al final, nunca se construyó.

Sin embargo, los planes cambiaron en 2014, cuando la constructora Cusezar vio en los terrenos una oportunidad ya no para vías, sino para vivienda. Lanzaron la venta de dos conjuntos: Mónaco, con 48 apartamentos de interés social, y San Remo, con 384 unidades más amplias.

El proyecto se estancó en 2016, cuando un conjunto residencial vecino decidió tomar acciones legales e interpuso una acción popular. Alegaban que los nuevos edificios no se estaban construyendo en cualquier parte, sino sobre un terreno de uso público: el mismo por donde debía pasar la avenida El Cortijo.

En efecto, la justicia falló a favor de los vecinos. El juzgado concluyó que la Curaduría Urbana había cometido un error al aprobar la licencia de construcción en un terreno destinado a espacio público. En 2020, se ordenó que el predio fuera despejado en un plazo de seis meses. Las construcciones debían demolerse, el Distrito debía recibir el terreno, y la avenida El Cortijo, al menos en teoría, debía abrirse paso.

Aunque Cusezar apeló, nada pasó. En 2024, el Consejo de Estado se negó a revisar el caso y las entidades de Bogotá se ‘tiran la pelota’ en este caso. Se ha hablado de “demoler”, pero, a la fecha, aún se desconoce qué pasará con los edificios.

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