Ley de Seguridad Ciudadana: ¿de qué trata el proyecto?
Según el Gobierno Nacional, la iniciativa buscará velar por los derechos de los ciudadanos, evitar la impunidad y endurecer las penas a los delincuentes.
Durante los últimos días, en el Congreso de la República se han vivido unas jornadas bastante agitadas debido a la discusión de proyectos de ley y a los múltiples debates de iniciativas que allí se presentan entre las bancadas. Finalizando la semana pasada, se hundió el proyecto que buscaba reducir las vacaciones de los congresistas, el cual generó cierta polémica en la esfera pública. De igual modo, el martes 21 de diciembre fue discutida otra de las proposiciones que se abrían paso en el Congreso.
Se trata de la Ley de Seguridad Ciudadana, una de las iniciativas presentadas por el Gobierno Nacional que fue aprobada en sesiones extraordinarias tras finalizar el periodo legislativo. Este proyecto, fue discutido inicialmente en la Cámara de Representantes y luego en el Senado de la República, y tras ser avalado en ambas plenarias avanzó a la etapa de conciliación. Finalmente, para que esta ley entre en vigencia en el país, solo hace falta que reciba la sanción presidencial.
De acuerdo con el Gobierno Nacional, la Ley de Seguridad Ciudadana busca endurecer las penas para quienes cometan delitos en contra de la ciudadanía, luchar contra la impunidad y aumentar castigos para los reincidentes. "Los ciudadanos tenemos derecho a la legítima defensa y que los delincuentes estén en la cárcel. Nuestros derechos priman sobre los de ellos. Se les acabó la guachafita! Esto empieza a cambiar", sostuvo el representante Juan Manuel Daza, uno de los ponentes de la iniciativa. Sin embargo, para algunas bancadas de la oposición esta ley podría significar una amenaza al derecho de la protesta. "¿Saben que demuestra el proyecto de seguridad del gobierno? Que siempre han creído en el paramilitarismo", señaló el candidato Gustavo Petro.
¿De qué trata la Ley de Seguridad Ciudadana?
El proyecto de ley cuenta con un total de 68 artículos que van enfocados principalmente en garantizar el derecho a la legítima defensa, a través de modificaciones del Código Penal y al de Convivencia. En ese sentido, uno de los enunciados del proyecto busca eliminar la responsabilidad penal cuando se esté protegiendo la propiedad privada, específicamente la vivienda o vehículos privados, aunque se excluyen establecimientos del comercio.
De igual manera, con el fin de combatir la impunidad y que no se sigan presentando casos en los que la policía captura delincuentes y luego son dejados en libertad, se creará la figura del "peligro para la comunidad", a través de la cual el juez deberá tener en cuenta "si la persona fue o ha sido imputada por delitos violentos, ha suscrito preacuerdo, aceptado cargos u otorgado principio de oportunidad en los últimos tres años".
Por otro lado, el porte de armas blancas, armas convencionales de fuego o artesanales y elementos que representen riesgos para la comunidad, podrían ser castigados por el delito penal y se aumentarán los castigos. Por una parte, las autoridades estarían facultadas para imponer penas superiores a los 58 años para quienes cometan delitos contra niños, la fuerza pública, periodistas y defensores de derechos humanos. Así mismo, se podrían duplicar condenas para quienes empleen máscaras y elementos para cubrir su identidad.
Entretanto, el ministro de Defensa, Diego Molano, aclaró que el proyecto no da permiso para disparar a la ciudadanía o asesinar personas, pues lo que busca es poder establecer ese argumento de legítima defensa en el momento en que haya un proceso judicial, en el entendido de que la otra persona tenía la intención de robar, atracar, de asesinar. "La Cámara de Representantes le da un apoyo fundamental a la ley de seguridad ciudadana, una ley hecha para el ciudadano de a pie, que acaba con la reincidencia y la impunidad de los criminales que roban, extorsionan y vandalizan. Esta ley garantiza que el que la hace, la paga", señaló el jefe de cartera.
Finalmente, el ministro del Interior, Daniel Palacios, celebró la aprobación de la ley y sostuvo que no busca satisfacer a ninguna bancada, sino para cumplir un clamor de la ciudadanía. "Esta iniciativa piensa en toda la ciudadanía, dando mayores herramientas a jueces para aplicar condenas ejemplares", sostuvo el funcionario.