CASO URIBE

Caso Álvaro Uribe: los motivos por los que la Fiscalía pide su preclusión para no ir a juicio

La Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia de preclusión del caso del expresidente y exsenador.

La Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que pide la preclusión del caso de Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos
Colprensa Colprensa

La Fiscalía General de la Nación ya tomó una decisión con respecto al caso Álvaro Uribe Vélez. La entidad, por medio de comunicado emitido este viernes 5 de marzo, solicitó audiencia de preclusión de la investigación que se sigue contra el expresidente por supuesta manipulación de testigos.

"El coordinador de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, tomó la decisión de radicar ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, solicitud de audiencia de preclusión de la investigación que se sigue contra el exsenador, Álvaro Uribe Vélez", dice la comunicación.

¿Cuáles son los motivos por los que se pide la preclusión del Caso Uribe?

La Fiscalía explicó que luego de estudiar las pruebas se puedan catalogar como delito y en lo que si lo son, Uribe no habría sido partícipe, "luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vincula al excongresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe".

Estas conclusiones serán expuestas por la Fiscalía ante el Juez Penal del Circuito que disponga el sistema de reparto.

¿Qué sigue ahora en el caso Álvaro Uribe Vélez?

Esta decisión lleva el caso a una audiencia de preclusión en la que se expondrán a fondo las razones por las cuales la Fiscalía la tomó y en la que, "las mismas podrán ser controvertidas por el procesado y por su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación y por quienes reclaman su calidad de víctimas con sus apoderados".

Al final del comunicado, la Fiscalía tuvo que aclarar que la decisión se tomó con independencia, "la Fiscalía invita a la ciudadanía a seguir la audiencia de preclusión en la fecha que disponga la Judicatura y conozca en detalle los argumentos de la decisión para formar un criterio propio sobre un caso que debe resolverse en sede judicial, alejado de opiniones, disputas personales e intereses políticos".

Reacción del senador del Polo Democrático, Iván Cepeda

Iván Cepeda, quien es la víctima en el caso Uribe, reaccionó a la decisión de la Fiscalía en su cuenta de Twitter, "a Uribe le digo hoy: triste historia la suya, al final de su vida pública, intenta torcer y mancillar por todos los medios la justicia. Pero eso ha sido inútil. El país sabe de su culpabilidad, la juventud conoce su verdadero rostro. Para usted no habrá luz al final del túnel. Nos vemos ante un juez".

Así mismo, anunció que denunciará, junto al exfiscal Eduardo Montealegre, al fiscal Gabriel Jaimes por posible prevaricato.

Caso Álvaro Uribe Vélez

El proceso contra el expresidente comenzó en febrero del año 2012 cuando demandó al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Esa demanda terminó en contra de Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló, que recibió el caso en la Corte Suprema de Justicia, archivó el caso y abrió uno en contra de Uribe por el mismo delito.

El testigo clave del caso es el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, preso en la cárcel La Picota de Bogotá, a quien el abogado Diego Cadena, del equipo de defensores de Uribe, habría ofrecido ayudas si cambiaba las declaraciones que hizo en contra del exsenador.

Lo que ha dicho Monsalve es que en la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia de Uribe, se planearon matanzas que luego el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia cometió. Versión que la defensa de Uribe siempre negó.

El proceso avanzó y el 4 de agosto del 2020 la CSJ ordenó la detención domiciliaria de Uribe al considerar que había un riesgo de que el líder del Centro Democrático obstruyera la justicia. Tras la decisión, Uribe renunció al Senado por lo que su caso pasó de la Corte a la Fiscalía en donde amparado bajo la Ley 906 del 2004, hay un fiscal que investiga, un juez de control de garantías que toma decisiones y un juez de conocimiento que dirige el eventual juicio.

La Fiscalía asignó a Gabriel Jaimes Durán como fiscal especial del caso, quien fue el que tomó la decisión de solicitar audiencia de preclusión del caso.