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SERVICIOS PÚBLICOS

Reforma a la ley de servicios públicos: ¿en qué consistiría y cuándo se votará?

El ministro de minas y energía, Andrés Camacho, presentó un proyecto que planea cambiar la manera en que se cobran los servicios públicos en Colombia.

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FILE PHOTO: Flames come out of a domestic gas ring of an oven in Durham, Britain, September 23, 2021. REUTERS/Lee Smith/File Photo
LEE SMITHREUTERS

Esta semana el ministro de minas y energía, Andrés Camacho, anunció los cambios que se harán a la Ley de Servicios Públicos en Colombia. Este proyecto tendrá como objetivo mejorar y asegura que el abastecimiento y la provisión de servicios a las comunidades sea eficiente.

Camacho señaló que en un principio se ocuparan de analizar las necesidades de los usuarios y adaptar el proyecto a sus necesidades. “Este es un problema estructural, que implica varias alternativas. Una de ellas tiene que ver con la transformación del modelo tarifario del país”, explicó el ministro para RCN, haciendo referencia a los problemas de acceso a los servicios públicos en Colombia.

Los servicios públicos a los que hacen referencia en la Ley son: la energía, el agua y el gas, se busca incluir en estos el Internet. Todavía no se conoce la fecha exacta en la que se presentará el articulado completo en el Congreso, por lo que aún es posible que tenga cambios.

¿En qué consiste la reforma a la Ley de Servicios Públicos?

Desde el Mnisterio de Minas y Energía han anunciado que este proyecto tendrá tres pilares fundamentales. El primero es asegurar un mínimo vital para cada uno de los servicios. De acuerdo con Portafolio, este funcionará de manera similar al mínimo vital de agua establecido en Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro. Es decir, se establece una cantidad que se otorga de manera gratuita a todos los hogares.

El segundo pilar es entregarle a los usuarios más herramientas para que realice veeduría sobre las prestación de los servicios. De esta manera se espera que, en el caso de que se presenten cobros exagerados o injustos, los ciudadanos puedan denunciarlo oportunamente.

El último pilar es que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tenga un poco más de poder y más herramientas. Se espera que con esto la entidad pueda tomar medidas y ejercer acciones que permitan controlar los precios de los distintos servicios.

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